Las empresas de alquiler de coches tendrán que asumir el coste de gestionar una multa o un parte, tras una sentencia firme contra Sixt
Las empresas que se dedican a alquilar vehículos (normalmente cerca de puertos, aeropuertos y estaciones de tren) tendrán que empezar a asumir determinados costes que hasta ahora cargaban sobre el cliente. Así lo establece una sentencia (ya firme) de la Audiencia Provincial de Bizkaia que ha declarado nulas las cláusulas a través de las cuales Sixt Rent a Car hacía responsable al cliente de pagar los cargos asociados a la gestión de una multa, un siniestro o un foto-peritaje. Es decir, que aparte de abonar la multa o los desperfectos del vehículo, el contrato le forzaba a pagar también cualquier gasto de gestión asociado a una sanción o un accidente. Esta decisión judicial no solo gira las tornas y responsabiliza a la compañía de este coste, sino que la obliga a devolver a los clientes las cantidades que se hayan abonado por estos conceptos hasta la fecha.
De momento, esto implica solo a Sixt, que es el caso concreto que motivó la demanda presentada por la Federación de Consumidores y usuarios (CECU) y la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV). La cuestión es que una decisión judicial de este tipo establece una base sobre la que se podría reclamar judicialmente contra cualquier otra compañía del sector.
Fuentes de CECU aseguran que esta es una práctica muy extendida entre las principales empresas del mercado y que la asociación tiene, de hecho, la intención de vigilar cómo se comporta el resto a raíz de esta sentencia. Si es necesario, dicen, contemplan incluso denunciarlas.
Casos concretos
Dicho de otro modo: es la persona que alquila un coche la que tiene que pagar una multa si ha cometido una infracción, pero no tendría por qué encargarse ella también de los –en este caso– 44 euros que cargaba Sixt por los trámites derivados de la gestión de pagarla. “Se declara abusivo porque esa identificación [del conductor para ponerle la multa] es una obligación legal de la empresa, que no supone ningún beneficio para la clientela y cuyo coste no se les puede trasladar”, razona la asociación
Fuente: El Periódico
