El nuevo régimen de cotización de los autónomos a la Seguridad Social que entró en vigor en 2023 previó la posibilidad de que los autónomos que tuvieran una mayor cotización por el anterior sistema lo pudieran mantener, pero sin advertirles de que esta quedaría “congelada” durante los 9 años que dura el periodo transitorio de aplicación del nuevo régimen, lo que en la práctica puede suponerles una pérdida de su poder adquisitivo del entorno de un 30%.
Cuando en 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, basado en “la cotización a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales”, modificaba el anterior sistema de cotización existente hasta ese año y permitía que el autónomo eligiera de manera voluntaria sus bases de cotización.
La reforma estableció un régimen transitorio de adaptación de 9 años de duración, en el que en estos tres primeros años de vigencia se desplegaría progresivamente un sistema de quince tramos que determinan las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotización por ingresos reales que se producirá como muy tarde en el año 2032. También se estableció que cada 3 años de vigencia se llevaría a cabo una evaluación periódica del nuevo sistema, estando prevista realizar la primera revisión este año 2025.
Aprovechando la revisión que se ha de llevar a cabo este año, las federaciones nacionales de transportistas Fenadismer y Fetransa están llevando a cabo intensas negociaciones tanto con el Gobierno como con los diferentes Grupos políticos con el fin de eliminar uno de los puntos más conflictivos que incluyó la reforma, y que esta perjudicando especialmente al colectivo de transportistas autónomos y de otros sectores económicos. Básicamente, estos sería todos aquellos que, al amparo de la posibilidad prevista en la nueva norma reguladora, optaron por mantener su mayor base de cotización que tenían con arreglo al anterior sistema, al resultar teóricamente más favorable que la calculada mediante el nuevo sistema basado en los rendimientos netos del autónomo.
Sin embargo, dicha previsión incluía una “trampa” no advertida en su día, y es que los que optaron por mantener su base de cotización anterior, con la nueva regulación no se les actualiza con la inflación que cada año se produce, lo en la práctica supone su “congelación” permanente durante todo el periodo transitorio, ocasionando una considerable disminución de las contraprestaciones a las que tuviera derecho, que podrían estimarse en más de un 30% a lo largo de estos 9 años de transición.
Según informan ambas federaciones “esta preocupante situación originada, y de la que no se preavisó en ningún momento a los que decidieron optar por esta alternativa (precisamente aquellos que hicieron un sobreesfuerzo en su día por cotizar más), estaría afectando a alrededor de 50.000 autónomos del sector del transporte por carretera, a los que habría que sumar los miles de autónomos pertenecientes a otros sectores económicos también afectados, que de no revertirse esta injusta medida supondría en la práctica una precarización económica de todas aquellas situaciones que se les puede generar durante su vida laboral, bien sea una prestación por invalidez, o su propia jubilación o pensión de viudedad”.
Fenadismer y Fetransa han exigido al Gobierno que con ocasión de la actualización del nuevo régimen de cotización que se debe aprobar antes de que acabe este año, se resuelva “esta situación inadmisible, más aun teniendo en cuenta que los principalmente afectados son los transportistas de mayor edad, los cuales planificaron su vida laboral en muchos casos hace más de una década, y que ahora de no actualizarse sus cotizaciones conforme a la inflación verán fuertemente mermadas sus rentas de jubilación o invalidez”.