El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Integral de Respuesta destinado a mitigar las consecuencias económicas derivadas de la escalada de tensiones en Oriente Medio. El paquete de medidas, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, incluye un conjunto de iniciativas fiscales y ayudas directas dirigidas a contener el encarecimiento de la energía y proteger a los sectores más afectados. El plan contempla un total de 80 medidas y una movilización inicial de 5.000 millones de euros. No obstante, el Ejecutivo ha señalado que este presupuesto es flexible y podrá ampliarse en función de la evolución del contexto internacional.
Entre las actuaciones destaca la reducción del IVA aplicado a los carburantes, que pasará del 21% al 10%, el mínimo permitido por la normativa europea. Esta medida supondrá un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro, lo que podría traducirse en una reducción de alrededor de 20 euros por repostaje en un vehículo medio, en función del tipo de combustible. A esta rebaja fiscal se suma una ayuda directa de 20 céntimos por litro destinada a colectivos especialmente vulnerables al incremento de costes, como transportistas, agricultores y ganaderos.
Desde el Ejecutivo subrayan que estas medidas tienen un carácter temporal y están diseñadas para responder a un escenario marcado por la incertidumbre. La evolución del conflicto y su duración siguen siendo imprevisibles, lo que podría intensificar sus efectos sobre la economía global y, en particular, sobre los costes energéticos.
Decepcionante, esa es el valoración del sector
La Asoción del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) valora como muy decepcionantes para el sector las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno. Desde la asociación aseguran que las medidas llegan con mucho retraso y resultan claramente insuficientes frente al fuerte y acelerado incremento del coste del combustible, cuyo impacto ya ha afectado gravemente la liquidez de las empresas transportistas, tanto de mercancías como de viajeros, que las ha llevado a acumular números rojos en los resultados de marzo que ya no serán recuperados en este ejercicio, dados los estrechísimos márgenes con que estas empresas funcionan en un mercado altamente competitivo.
Marcos Basante, presidente de ASTIC, destaca al respecto: “Las medidas anunciadas hoy dejan a muchos operadores de transporte con pérdidas significativas este mes, una situación que difícilmente podrán compensar durante el resto del año. La escalada del precio del combustible ha sido mucho más rápida que la registrada hace cuatro años tras la invasión rusa de Ucrania, y todo indica que seguirá aumentando. En un sector que opera con márgenes muy reducidos incluso en condiciones normales, estas medidas dejan a las empresas sin respaldo financiero ni garantías de viabilidad a corto plazo, en un momento crítico para el transporte por carretera”.
“El presidente del Ejecutivo calificó ayer la guerra en Irán como ‘el acontecimiento más importante de la presente legislatura’. Sin embargo, las medidas anunciadas hoy para el sector del transporte por carretera, estratégico para el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de nuestra sociedad, no se corresponden ni con los efectos sufridos en las últimas semanas ni con los retos que se avecinan en las próximas”, añade Basante.
“El presidente del Ejecutivo calificó ayer la guerra en Irán como ‘el acontecimiento más importante de la presente legislatura’. Sin embargo, las medidas anunciadas hoy para el sector del transporte por carretera, estratégico para el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de nuestra sociedad, no se corresponden ni con los efectos sufridos en las últimas semanas ni con los retos que se avecinan en las próximas”, Marcos Basante presidente de ASTIC.
La escalada del precio del diésel en España, que en pocos días ha superado aumentos del 30% debido a las tensiones en rutas energéticas estratégicas como el Estrecho de Ormuz y a la creciente incertidumbre geopolítica, está impactando de manera directa en las empresas de transporte. En este sector, el combustible representa un 40% de los costes operativos: un camión pesado de larga distancia de una empresa asociada a ASTIC consume más de 4.000 litros al mes, y las compañías de la asociación cuentan, de media, con más de un centenar de vehículos. Con lo que acaba de anunciar el presidente del Gobierno, el llamado ‘escudo social’ se limita a una rebaja, a partir de ahora, de 18 céntimos por litro de combustible, cuando la subida del mismo acumula ya más del doble de dicha cantidad.
“Si no queremos que esos 18 céntimos de ayuda dejen de ser efectivos en pocas semanas para nuestras empresas, es imprescindible que, con la máxima urgencia, el Gobierno inste a la Unión Europea -como ya hemos reclamado desde nuestra patronal y a través de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), en nuestra condición de miembros de pleno derecho- a ampliar de forma significativa o eliminar el límite de 400.000 euros trienales en ayudas de Estado por empresa, establecido en el régimen de ‘mínimis’ de la UE”, indica Marcos Basante.
Respecto a la rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos (gasolinas, querosenos, gasóleos, fuelóleos, gases licuados de petróleo, gas natural, biocarburantes y biocombustibles) hasta el mínimo permitido por la normativa europea, esta medida es operativamente neutra, porque las empresas del sector operan ya con ese impuesto en el mínimo comunitario.
Estamos ante una crisis estructural más importante que la sufrida por la guerra de Ucrania
La patronal de logística y transporte UNO Logística también ha manifestado que las medidas son claramente insuficientes frente a la situación crítica que atraviesa el sector del transporte por carretera. “El propio presidente del Gobierno señaló que se trata de la situación más grave de la legislatura, sin embargo, estamos muy decepcionados porque el plan publicado hoy en el BOE no está a esa misma altura”, ha declarado el presidente de UNO, Francisco Aranda.
Y ha anunciado que va a solicitar al Gobierno la puesta en marcha inmediata de un nuevo plan de choque que complemente al publicado en el BOE “antes de que sea demasiado tarde y empiecen a desaparecer empresas, lo cual pondría en peligro la cadena de suministro. Llevamos tiempo advirtiendo de que no estamos ante una subida puntual, sino ante una crisis estructural más importante que la sufrida por la guerra de Ucrania que está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Un ejemplo muy claro es que, en esta ocasión, el precio del combustible está escalando mucho más rápido que entonces”, ha manifestado Aranda.
“Llevamos tiempo advirtiendo de que no estamos ante una subida puntual, sino ante una crisis estructural más importante que la sufrida por la guerra de Ucrania que está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Un ejemplo muy claro es que, en esta ocasión, el precio del combustible está escalando mucho más rápido que entonces”, Francisco Aranda, presidente de UNO.
Medida de alcance limitado ante la magnitud de la crisis
Por su parte, la Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (FENADISMER), reunida el pasado sábado 21 de marzo con carácter extraordinario tras la publicación en el BOE del Decreto-ley del Plan de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio, ha manifestado su “profunda decepción” al contenido de la norma, calificando incluso de ‘perjudicial’ la aplicación de algunas de las medidas aprobadas para el sector del transporte por carretera.
“Tras analizar el texto legal aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, ponemos de relevancia la injusta desproporción en el reparto de las ayudas aprobadas. Mientras que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el 100% del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, en el caso de los vehículos profesionales del transporte por carretera, las ayudas solo amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real que están soportando pese a ser el colectivo más afectado por la guerra de Irán, y sin tener en cuenta el impacto ocasionado en estas 3 semanas de guerra que ha supuesto un sobrecoste para el sector cercano a los 250 millones de euros por la subida del diésel. Se da además la paradoja de que pese a que la bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro (idéntica a la aprobada en 2023 pese a que en aquel momento el gasóleo estaba 20 céntimos más barato), en la práctica se verá reducida en un 25% al eliminar el Decreto-ley la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007 Es, por tanto, falso que las medidas vayan dirigidas a apoyar a los sectores profesionales más afectados por la crisis en Oriente Medio como se recoge en el Decreto, y además resulta incomprensible que en el actual momento de escalada del precio del crudo a nivel internacional se fomente el uso del vehículo particular en detrimento del transporte público”, aseguran desde la asociación.
Fuente: Logística Profesional